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Zonas de protección especial

Zonas de protección especial


AREAS ESPECIALES DE PROTECCION

Las Zonas de Especial Protección se designan de conformidad con la Directiva 79/409 / Cee y consisten en territorios aptos para la extensión y / o ubicación geográfica para la conservación de las especies de aves enumeradas en el Anexo I de la mencionada directiva, relativo a la conservación de las aves silvestres.

La lista general de estas áreas se puede encontrar en el Anexo A - Áreas de protección especial designadas de conformidad con la Directiva 79/409 / CEE del Consejo del Decreto de 3 de abril de 2000 - Ministerio de Medio Ambiente - Suplemento Ordinario No. 65 del BOLETÍN OFICIAL 22-4-2000 - Serie general - n. 95


Zona de protección especial

Las áreas de protección especial (ZEPA) son áreas de protección ubicadas a lo largo de las rutas de migración de la avifauna, destinadas a mantener y organizar hábitats adecuados para la conservación y gestión de las poblaciones de aves silvestres migratorias.

Las aves (Aves Linnaeus, 1758) son una clase de vertebrados endotérmicos que se pueden rastrear cladísticamente como origen de una rama de dinosaurios terópodos caracterizados por la presencia de picos y tenedores desdentados, cuerpos cubiertos de plumaje y llenos de alvéolos, dedos frontales fusionados, huevos de cáscaras. metabolismos duros, altos y huesos huecos pero fuertes.


Pineto participativo: Áreas de Especial Protección, carril bici y protección Vomano, oportunidades para el turismo sostenible

PINETO - "Tras la última gestión realizada para el Grupo Pineto Partecipattiva, la gran importancia del desarrollo sostenible con orientación naturalista emerge en uno de los tramos más bellos de la ciclovía del Adriático que va de Pineto a Scerne y luego identifica su ascenso a lo largo de el río Vomano, con el objetivo de diversificar y adecuar estacionalmente la oferta turística de la zona de Pineto con vocación medioambiental ”. Así, en una nota, la organización política, que explica: “No es casualidad que en los últimos días haya habido avistamientos de una pareja de flamencos estacionados en la desembocadura del Vomano, que dan un nuevo estímulo hacia ciertas pautas para protección y visión alternativa. del territorio. Ya en 2014 a través de su propia asesora, luego Marta Illuminati, la moción que preveía la protección adicional del Área Marina Protegida Torre del Cerrano con la extensión prevista de un área contigua y respetuosa hasta la desembocadura del río Vomano fue presentada y aprobada por Pineto Partecipattiva. El Municipio de Pineto expresó su voto favorable en la resolución núm. 24 de 7 de diciembre de 2017 de la Asamblea del Consorcio para la Gestión del Área Marina Protegida 'Torre del Cerrano' sobre la propuesta de creación de una Zona de Especial Protección en virtud de la Directiva 79/409 / CEE relativa a la conservación de aves silvestres que sigue la costa de Piomba a Vomano ".

"Para Pineto Partecipattiva, pero como es evidente en las diversas aprobaciones ya citadas, en gran parte también para el centro izquierda, estas áreas también involucran el área a menudo discutida definida como el Plan Marco, a lo largo de la misma ruta ciclista del Adriático - continúa la nota - en la que el Los retiros de movimiento se ven afectados por numerosas medidas de protección a partir de las limitaciones impuestas por el PAI (Plan de extracción de cuencas para la estructura hidrogeológica de las cuencas de alivio regionales de Abruzzo) por el Plan de extracción relativo a la 'Defensa contra inundaciones' y por el Plan territorial provincial, al que cualquier La propuesta debe llegar a la misma siempre se debe cumplir no por casualidad, y debido a las limitaciones existentes, históricamente el área en cuestión siempre ha tenido una línea de planeamiento de baja indexación y hasta el día de hoy se ha mantenido libre de poblados pesados, construcciones y fraccionamientos ".

“Para Pineto Partecipattiva prevalecerá un proyecto y una visión orientada a la protección y puesta en valor de la zona para un desarrollo turístico sostenible y alternativo, con la puesta en valor del ecosistema costero y fluvial, afirmando el compromiso por la propuesta de creación de un área. de Protección Especial - concluye la organización política - y contra cualquier propuesta de sobreconstrucción costera que, como enseña la historia reciente, ya ha causado daños en áreas similares como la Pineta Catucci en el distrito de Villa Ardente ”.


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Grupo de Intervención Legal odv


arbol y nieve

Pronunciamiento de sensible interés emitido recientemente por la Corte Suprema en materia de áreas naturales protegidas.

El Cass. pen., Sección III, 11 de mayo de 2020, n. 14246 trazó debidamente el concepto de "áreas naturales protegidas", tal como lo identifica el marco normativo vigente.

De hecho, la definición es más amplia que la tradicionalmente considerada como parques nacionales, reservas naturales estatales, parques naturales interregionales, parques naturales regionales y reservas naturales regionales, porque también incluye humedales de importancia internacional, áreas de especial protección (ZEPA). áreas de conservación (ZEC) y otras áreas naturales protegidas “menores”.

Gamuza Abruzzo (foto Raniero Massoli Novelli)

En particular, las áreas de protección especial (Z.P.S.), identificadas según la directiva no. 2009/147 / EC sobre la protección de la avifauna silvestre y áreas de conservación especial (Z.S.C.), anteriormente sitios de interés comunitario (S.I.C.) identificados de conformidad con la Directiva no. 92/43 / CEE sobre la protección de los hábitats, la fauna y la flora naturales y seminaturales y dotado de las medidas de conservación adecuadas necesarias (por ejemplo, planes de gestión) para el mantenimiento o la restauración de los hábitats y las poblaciones de las especies para las que el sitio ha ha sido designado por la Comisión Europea.

El Z.P.S. y el Z.S.C. (además de los LIC) forman parte de la red Natura 2000, una red ecológica repartida por todo el territorio de la Unión para garantizar el mantenimiento a largo plazo de los hábitats naturales y las especies de flora y fauna amenazadas o raras a nivel comunitario, y , en el sistema nacional, son parte - con la exclusión de sencillo SIC. - del número de áreas naturales protegidas, según lo define la ley no. 394/1991 y modificaciones posteriores y la consiguiente resolución del Comité de Áreas Naturales Protegidas de 2 de diciembre de 1996.

De esta clasificación se derivan las consiguientes aplicaciones normativas en materia de planificación, caza, protección contra la contaminación, delitos ambientales, etc.

Una pronunciación, por lo tanto, presagia aplicaciones significativas.

Grupo de Intervención Legal sin ánimo de lucro

Manada de lobos europeos (Canis lupus)

de la revista telemática de derecho ambiental Lexambiente, 29 de mayo de 2020

Cass. Sección III n. 14246 de 11 de mayo de 2020 (CC 27 de febrero de 2020)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Marraffa
Medio ambiente en general. ZEPA y ZEC clasificadas como áreas protegidas.

El concepto de "áreas naturales protegidas" es más amplio que el que incluye las categorías de parques nacionales, reservas naturales estatales, parques naturales interregionales, parques naturales regionales y reservas naturales regionales, ya que también incluye humedales, áreas de protección especial, áreas de conservación especial y otras áreas naturales protegidas. Y de hecho, incluso las áreas de ZEPA y ZEPA están clasificadas como áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el art. 1, Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2 de diciembre de 1996, adoptada de conformidad con el art. 3, párrafo 4, l. 394/1991, por el entonces Comité de Espacios Naturales Protegidos competente.

1 Mediante resolución de 22 de octubre de 2019, la Corte de Palermo rechazó la solicitud de revisión propuesta por el recurrente de hoy contra el decreto con el que el Ministerio Público había validado la incautación probatoria de un rifle y algunas municiones, efectuada por personal del Cuerpo Forestal de la Región de Sicilia en relación con los delitos a los que se refiere el art. 21, párrafo 1, lett. b), l. 11 de febrero de 1992, n. 157, así como 11, párrafo 3, lett. f) y 30, párrafo 1, l. 6 de diciembre de 1991, n. 394 por haber introducido un arma de caza cargada y ejercido actividades cinegéticas en un área protegida identificada como Natura SIC y sitio SPA.

2. El primer motivo de casación denuncia la violación del art. 2, párrafo 5, 11, párrafo 3, lett. f), y 30, párrafo 1, l. 394/1991 sobre la conclusión de que los lugares Natura 2000, como el de las especies, no serían comparables a las áreas protegidas.
En todo caso, la referida ley no podría ser de aplicación, ya que coloca la carga de identificar las áreas alejadas de la caza únicamente en lo que respecta a los parques nacionales a quienes practican la caza, mientras que para los parques regionales u otras áreas protegidas, es necesario identificar las áreas prohibidas para la caza de conformidad con el art. 10, párrafo 9, l. 157/1992.

3. El segundo motivo de casación deduce la violación de la última disposición mencionada y, en consecuencia, del art. 21, párrafo 1, lett. b), l. 157/1992 - ya que es indiscutible que la zona donde se encontraba la demandante estaba desprovista de señalización e informes específicos, ni se podría decir lógicamente que la demandante tuviera conocimiento de la prohibición o que la prohibición se conociera con la diligencia ordinaria, ya que el mera indicación de un sitio de Internet en el calendario de caza para establecer una presunción de conocimiento. Además, el demandante había sido revisado poco antes en la misma zona por otra patrulla del Cuerpo Forestal del Estado sin que se presentaran cargos en su contra.

4. El tercer motivo de casación denuncia la violación del art. 253 cod. proc. bolígrafo. sobre la constatación de que se trata de una incautación probatoria y que para la constatación de los supuestos hechos delictivos, que no presuponen necesariamente el uso de un arma, no se requiere una valoración balística, ya que en cambio lo sostiene el auto impugnado.

1. El primer motivo de casación carece de fundamento, aun cuando la existencia del fumus commissi delicti deba limitarse únicamente a uno de los dos delitos hipotéticos, es decir, al previsto por las disposiciones conjuntas de los artículos. 21, párrafo 1, lett. b), y 30, párrafo 1, lett. d, l. norte. 157 de 1992.
De hecho, no hay fumus del otro delito hipotético, el referido en el art. 11, párrafo 3, l. 394/1991, cuyas prohibiciones -en este caso, según entendemos, la prevista por lett f) por la introducción no autorizada de un arma - son sancionados penalmente de conformidad con el art. 30, párrafo 1. Dado que estas prohibiciones se refieren exclusivamente a los parques nacionales, de acuerdo con el claro campo de aplicación definido por la disposición, en ausencia de una extensión similar, específica, de las mismas prohibiciones a áreas protegidas de diferente naturaleza - y en en particular, en lo que aquí señala, a las ZEPA (Zonas Especiales de Protección) - en el contexto de las medidas de salvaguardia o disposiciones reglamentarias, el principio de obligatoriedad impide que se configure el delito. En efecto, debe tenerse en cuenta que los diferentes tipos de áreas protegidas tienen diferentes disciplinas y la misma ley marco n. 394/1991 distingue las áreas protegidas nacionales - a las que se reserva el título segundo de la ley, arts. 8-21, con protección diferenciada entre parques nacionales, reservas naturales estatales y áreas marinas protegidas - y áreas naturales protegidas regionales, a las que se dedica el tercer título (artículos 22-28).
La ley marco asegura la forma más efectiva de protección de los parques nacionales, ya que estos son sitios que, por las modalidades de establecimiento (con Decreto Presidencial, de conformidad con el artículo 8, párrafo 1, l. 394/1991) y por su más estructurado como un organismo público con personalidad jurídica, como norma establecida por la ley de conformidad con el art. 8, párrafo 6. l. 394/1991 (cf., en materia de disciplina del cuerpo y sus órganos, artículos 9 y 10 de la ley 394/1991), garantizan el reconocimiento inmediato, también de las fronteras relativas, circunscribiendo así claramente el ámbito en el que el sancionado penalmente prohibiciones. La autoridad del parque, que tiene, como se mencionó, personalidad jurídica pública, también tiene potestad reglamentaria y los reglamentos relacionados, que serán adoptados por el Ministro de Medio Ambiente y publicados en el Boletín Oficial, tienen un efecto superior también con respecto a los reglamentos municipales (art. 11, párrafo 6, ley 394/1991).
En particular en lo que respecta a la caza, conviene señalar que el art. 11, párrafo 3, lo prohíbe absolutamente dentro de los límites de la parcela nacional (letra a), de ahí la correlativa prohibición a los particulares de introducir "armas, explosivos y cualquier medio de destrucción o captura, si no está autorizado" (letra f). La posibilidad, permitida por el reglamento de la autoridad del parque, de hacer excepciones a la prohibición mencionada en la carta. a), se refiere exclusivamente a "el muestreo de vida silvestre y cualquier matanza selectiva, necesarios para recomponer los desequilibrios ecológicos comprobados por la Autoridad del Parque" y el mismo "debe tener lugar por iniciativa y bajo la responsabilidad y supervisión directas de la Autoridad del Parque y ser implementado por el personal de la Autoridad del Parque. "Autoridad del Parque o por personas expresamente autorizadas a tal efecto por la propia Autoridad del Parque" (art. 11, apartado 4, ley 394/1991). También se prevé que los derechos exclusivos de caza de las comunidades locales u otros usos cívicos de muestreo de fauna sean liquidados por el comisionado competente para la liquidación de usos cívicos a solicitud de la Autoridad del Parque (art.11, párrafo 5, l. 394 / 1991). Básicamente, en los parques nacionales existe una prohibición absoluta y obligatoria de la caza y, en consecuencia, de la introducción de armas, explosivos o cualquier otro medio destructivo y de captura, y precisamente estas prohibiciones específicas --junto a las demás contenidas en el citado art. 11, párrafo 3, de la ley - son sancionados penalmente de conformidad con el siguiente art. 30, párrafo 1, l. 394/1991. Esta disposición, entonces, también sanciona, por un lado, la violación de las medidas de salvaguardia adoptadas, de conformidad con el art. 6, con respecto a las áreas a proteger recientemente identificadas, medidas efectivas hasta el establecimiento formal del área (artículo 6, párrafo 2) y posiblemente incluso posteriormente hasta que entren en vigor las regulaciones específicas de cada área protegida (artículo 8, párrafo 5) por otro lado, una vez establecidas las áreas y antes de que se apruebe la reglamentación relativa, también se prevé la protección penal por la violación de las prohibiciones previstas en el art. 11 de la ley (artículo 6, párrafo 4). De nuevo, el arte. 30, párrafo 1, l. 394/1991 sanciona, por un lado, la construcción de intervenciones, sistemas y obras dentro de un parque nacional sin la autorización de la Autoridad del Parque de conformidad con el art. 13 por otro lado, la violación de las prohibiciones establecidas por el art. 19, párrafo 3, con respecto a las áreas marinas protegidas.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas previstas en el art. 30, párrafos 1-bis, 2 y 2-bis l. 394/1991, el esquema de protección penal en materia de áreas protegidas se completa con la extensión de las sanciones penales previstas en el primer párrafo al "caso de violación de las normas y medidas de salvaguardia de las reservas naturales estatales" (art. 30, párrafo 7, ley 394/1991) y respecto de "la violación de las disposiciones de las leyes regionales que prevén medidas de salvaguardia en vista del establecimiento de áreas protegidas y en relación con la transgresión de la normativa de parques naturales regionales". (Artículo 30, párrafo 8, l. 394/1991).

2. Para verificar la aplicabilidad de las disposiciones penales antes mencionadas, por lo tanto, primero es necesario aclarar qué tipo de área protegida se destaca, cuál es la disciplina aplicable y si existen disposiciones específicas cuya violación tiene relevancia penal.
El auto impugnado certifica que el recurrente fue capturado, intencionalmente, con otras personas, en el ejercicio de actividades cinegéticas, equipado con rifle y con perros a remolque, dentro del término de MONTAGNA LONGA, PIZZO MONTANELLO.
Es, como se considera correctamente en la ordenanza, una Zona de Especial Protección (ZEPA) de la red Natura 2000, identificada con el código ITA020021 e incluida en el Anexo A del Decreto Ministerial. Ministerio de Medio Ambiente 3 de abril de 2000, que contiene una lista de sitios de importancia comunitaria y áreas de protección especial, identificados de acuerdo con las directivas 92/43 / EEC y 79/409 / EEC, publicadas en el Boletín Oficial. norte. 95 de 22 de abril de 2000 - Supl. ord. norte. 65. De acuerdo con el art. 2 de este decreto, "los formularios estándar" Natura 2000 "y los mapas de las Zonas de Especial Protección y los Sitios de Importancia Comunitaria propuestos están depositados y disponibles en el Servicio de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y, por parte de su competencia , en las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano ».
2.1. Dicho esto, a diferencia de lo que adjunta la recurrente, primero se debe reiterar la enseñanza anterior según la cual el concepto de "áreas naturales protegidas" es más amplio que el que incluye las categorías de parques nacionales, reservas naturales estatales, parques naturales interregionales, regionales. parques naturales y reservas naturales regionales, ya que también incluye humedales, áreas de protección especial, áreas de conservación especial y otras áreas naturales protegidas (Sección 3, no 14488 de 28/09/2016, dep.2017, Orlandini, Rv. 269324 Sección 3 , n. ° 44409 de 10/07/2003, Navidad, Rv.226400). Y de hecho, incluso las áreas de ZEPA y ZEPA están clasificadas como áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el art. 1, Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2 de diciembre de 1996, adoptada de conformidad con el art. 3, párrafo 4, l. 394/1991, por el entonces Comité de Espacios Naturales Protegidos competente. La concisa denuncia de la recurrente de que esta calificación sería considerada ilegítima por un defecto en el procedimiento administrativo es completamente genérica e infundada, ya que no parece, sin embargo, que el juez administrativo anulara la referida medida de calificación por ilegalidad. Con razón, entonces, la ordenanza impugnada recuerda que la Resolución de 26 de marzo de 2008 de la Conferencia Permanente para las Relaciones entre el Estado y las Regiones y Provincias Autónomas de Trento y Bolzano - que, de conformidad con el art. 7, párrafo 1, decreto legislativo de 28 de agosto de 1997, n. 281, ha asumido las funciones previamente encomendadas, por el art. 3 l. 394/1991, el Comité de Áreas Naturales Protegidas y el Grupo de Trabajo de la Carta de la Naturaleza, incluyendo la integración de la clasificación de áreas protegidas y la aprobación de su listado oficial, establecieron que las ZEPA y ZEC se aplican, entre otras, las Criterios mínimos uniformes a que se refiere el Decreto Ministerial 17 de octubre de 2007. Esta resolución confirma esencialmente la resolución anterior de 2 de diciembre de 1996 sobre la clasificación de áreas protegidas adoptada por el Comité suprimido, agregando, después del art. 2, un arte. 2-bis - titulado Régimen de protección - que prevé: "a los ámbitos a que se refiere el art. 2 de esta resolución, el régimen de protección a que se refiere el decreto del Presidente de la República del 8 de septiembre de 1997, n. 357 y posteriores modificaciones y adiciones, al decreto del Ministro de Medio Ambiente y Protección del Territorio y el Mar de 17 de octubre de 2007 "Criterios mínimos uniformes para la definición de medidas de conservación relativas a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Protección Especial (ZEPA) y las disposiciones regionales relacionadas para la transposición y aplicación ", así como el decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio de 3 de septiembre de 2002" Directrices para la gestión de los lugares Natura 2000 "". El mencionado Decreto Ministerial El 17 de octubre de 2007, que "integra la normativa relativa a la gestión de los lugares que forman la red Natura 2000" (artículo 1, párrafo 1), no prevé, sin embargo, la prohibición absoluta de la caza en los propios lugares ni, en consecuencia, la prohibición de introducir armas. Arte. 5 del decreto, de hecho, obliga a las regiones y provincias autónomas a prever prohibiciones de caza que solo pueden ser parciales, lo que permite inferir que, a diferencia de lo que ocurre con los parques naturales nacionales, donde, como hemos visto, el ejercicio La caza está siempre prohibida - esta actividad debe estar sujeta a regulación con medidas tomadas por las regiones y provincias autónomas. Estos órganos territoriales son efectivamente competentes para adoptar medidas específicas de conservación (ver artículo 4 del Decreto Presidencial de 8 de septiembre de 1997, n. 357, también mencionado por el Decreto Ministerial de 3 de septiembre de 2002, que contiene las directrices para la gestión de Natura 2000 sitios).
2.2. Dada la necesidad de cumplir con el principio imperativo que rige en materia penal, la consecuencia -a juicio de la Junta- es que las sanciones penales previstas, solo en los casos señalados anteriormente, por el art. 30 l. 394/1991. Por un lado, de hecho, las ZEC y las ZEPA no son ciertamente parques nacionales donde las prohibiciones de conformidad con el art. 11, párrafo 3, de la citada ley relativa a las áreas protegidas por otro lado, al tratarse de un espacio natural protegido constituido desde el año 2000, probablemente no existan medidas de salvaguardia vigentes (ni la ordenanza impugnada las identifica) que extiendan estas prohibiciones, por otro lado, no se han identificado disposiciones reglamentarias específicas relativas al área protegida en cuestión, cuya violación podría ser objeto de sanciones penales de conformidad con los párrafos 7 y 8 del art. 30 l. 394/1991.

3. Excluida, por tanto, de lo que se desprende del auto impugnado y del recurso de casación -los únicos actos a los que tiene acceso el Tribunal- la existencia del fumus commissi delicti en relación con la existencia de dicho delito, procede en cambio Observó que la orden considera acertadamente la existencia del fumus del delito de conformidad con el art. 30 l. 152/1991, que justifica -aún por lo que se dirá más adelante- el mantenimiento del decomiso probatorio en las especies adoptadas.

Con respecto a este delito, de hecho, las denuncias contenidas en el recurso de casación son infundadas.
El auto impugnado certifica - y esta es una presunción no impugnada por la recurrente - que el art. 14 del calendario regional de caza 2019/2020, salvo excepciones que no son relevantes en el presente caso, prohíbe expresamente la caza en el sitio protegido donde sorprendió al solicitante. Cabe agregar que el área en cuestión estaba específicamente indicada en la cartografía de las áreas SIC y ZPS presentes en el territorio siciliano y que esta circunstancia fue fácilmente conocida por el investigador actual con el uso de la diligencia ordinaria, ya que dicha cartografía pudo ser visualizada. - así como en apelación se admite - en el sitio web indicado en el calendario de caza.
3.1. En cuanto al elemento objetivo, resulta, por tanto, que -de conformidad con el art. 5 Decreto Ministerial 17 de octubre de 2007 - La Región de Sicilia ha prohibido la caza en la ZEPA en cuestión, por lo que el fumus del delito mencionado en el art. 30, párrafo 1, lett. d, en relación con la prohibición impuesta por el art. 21, párrafo 1, lett. b) y / oc), l. 157/1992, considerando que las mencionadas áreas protegidas se encuadran en el concepto de "parques naturales regionales" o "reservas naturales" en las que, de acuerdo con la normativa pertinente, se prohíbe la caza, o al menos en "oasis de protección".
En efecto, el principio según el cual la caza en un área designada como reserva natural constituye en efecto una violación del precepto penal a que se refiere el artículo 30 de la Ley 11 de febrero de 1992 n. 157, como disposición complementaria del precepto penal - disposición que puede estar contenida en una ley regional o en una disposición administrativa regional, según lo dispuesto (en este caso en Sicilia) de la ley regional de competencia exclusiva en la materia - ha entrado debidamente en el área en cuestión dentro de una reserva natural regional o un oasis de protección o un área de repoblación regional y, en consecuencia, la ha calificado como un área en la que está prohibida la caza (Sección 3, oración 33286 del 21/04/2005, Sgarlata, Rv .232177, no maximizado en este punto).
Non trattandosi, tuttavia, di parco nazionale, vale altresì il principio – di recente riaffermato da Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017, Ciriello, Rv. 270681 – secondo cui il disposto di cui all’art. 10, comma 9, l. 157/1992, che richiede la delimitazione con tabelle perimetrali, si applica a tutte le zone con divieto venatorio in cui il territorio nazionale è suddiviso ad opera dei piani faunistico-venatori regionali e non già alle aree protette nazionali, facendo appunto eccezione a tale regola soltanto i parchi nazionali per i quali, come più sopra si è visto, il divieto assoluto di esercizio venatorio risulta già dall’art. 11 l. 394/1991 (nello stesso senso, Sez. 3, n. 36707 del 17/04/2014, Ambrosino e a., Rv. 260165 secondo cui solo i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall’art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno della quale si configura il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera d), della richiamata legge n. 157 Sez. 3, n. 1989 del 10/12/2009, dep. 2010, n.m., ove si aggiunge che questa regola, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991 Sez. 3, n. 32021 del 06/06/ 2007, Marcianò e aa., Rv. 237142 Sez. 3, n. 10616 del 23/02/2006, Romeo, Rv. 233677).
3.2. La necessità della perimetrazione, tuttavia, non attiene alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, bensì a quella dell’elemento soggettivo e l’ordinanza impugnata – come si è visto – si pone il cennato problema e, quantomeno a livello di fumus, lo reputa parimenti sussistente.
La tabellazione, infatti, consente di presumere la conoscenza del divieto di caccia, mentre, in mancanza di essa, è il pubblico ministero che deve dimostrare che il trasgressore fosse a conoscenza del divieto, non essendovi alcuna ragione per esentare dalla sanzione colui che è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione (Sez. 3, n. 10926 del 13/03/2019, Del Fiore, n.m., nella cui motivazione si legge che la prova della conoscenza deve risultare in base ad elementi di fatto quali, esemplificativamente, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati, magari proprio per eludere il divieto normativo e, in genere, le peculiari modalità dell’azione nello stesso senso: Sez. 3, n. 17102 del 08/03/2016, Puglia, Rv. 266638 Sez. 3, n. 39112 del 29/05/2013, Tarquinio, Rv. 257525).
Nel caso di specie, l’ordinanza reputa sussistente la prova della conoscenza in base al fatto che la perimetrazione della zona ZPS in cui la caccia era vietata risultava dalla cartografia pubblicata sul sito Internet richiamato nel piano venatorio faunistico regionale. La motivazione sul punto, dunque, è esistente e non può essere altrimenti sindacata in questa sede, posto che, in forza dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 45343 del 06/10/2011, Moccaldi e a., Rv. 251616) ed è quindi deducibile soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), sicché il giudice di legittimità non può procedere ad un penetrante vaglio sulla motivazione addotta nel provvedimento impugnato (v. già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice).
Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti concernenti misure reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga “ictu oculi” (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896 Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521), ciò che, per quanto osservato nell’ordinanza, nella specie non è.

4. Quanto alla necessità del sequestro probatorio nella specie operato, l’ordinanza impugnata rileva che lo stesso è stato giustificato dal pubblico ministero allo scopo di effettuare accertamenti balistici sulle armi sequestrate per verificarne la funzionalità, e la presenza di residui da sparo indicativi di un uso recente, al fine di provare l’esercizio venatorio. Risulta, pertanto, soddisfatto il requisito richiesto dall’orientamento che questa Corte, a Sezioni unite, ha di recente ribadito, affermando che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e a., Rv. 273548). Né, per quanto riferito supra, sub §. 3, tale motivazione può essere sindacata, come fa il ricorrente, ritenendo superfluo l’accertamento in questione alla luce dell’orientamento secondo cui l’esercizio venatorio può essere provato anche a prescindere dall’uso delle armi (cfr. Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265401 Sez. 3, n. 16207 del 14/03/2013, Roscigno, Rv. 255486), non potendo certo impedirsi al pubblico ministero di acquisire obiettivi elementi che rafforzino la prova circa la sussistenza dell’ipotizzato reato.

5. Il ricorso, complessivamente infondato, deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 febbraio 2020.


SIC, ZSC e ZPS

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione dell’avifauna selvatica.

La Rete Natura 2000 in Sardegna attualmente è formata da 31 siti di tipo “A” Zone di Protezione Speciale, 87 siti di tipo “B” Siti di Importanza Comunitaria (circa il 20 % della superficie regionale), 56 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione con Decreto Ministeriale del 7 aprile 2017, e 6 siti di tipo “C” nei quali i SIC/ZSC coincidono completamente con le ZPS con Decreto Ministeriale del 8 agosto 2019 sono state designate altre 23 Zone Speciali di Conservazione e altri 2 siti di tipo “C”.

Nelle pagine seguenti sono consultabili i piani di gestione della Rete Natura 2000 vigenti in Sardegna.


Zone di protezione speciale

TAR Calabria (CZ) Sez. II sent. 929 del 5 luglio 2007
Beni Ambientali. Zone di protezione speciale (ZPS)

Sebbene in virtù dell’art. 9, lett. b) del D.L. 16 agosto 2006, n. 251 “Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni”, appare evidente che la delibera della Giunta regionale costituisce l’atto con cui si manifesta definitivamente la volontà della Regione, il quale, pertanto, chiude l’iter procedimentale di competenza dell’Ente regionale.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA

GIUSEPPE CHINE’ Giudice est.

sul ricorso n. 1428/2005 proposto da Europaradiso International S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Rotella, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Buccarelli n. 49, presso lo studio del dott. Marco Costantino,

la Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Falduto, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via De Filippis n. 280, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale

per l’annullamento

della delibera della Giunta regionale n. 607 del 27.06.2005, con la quale si è disposto “di approvare la proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema Regionale della ZPS, allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contraddistinta con i numeri I, II, III, IV, V (formulari Standard Natura 2000) e in numero sei elaborati cartografici contraddistinti con le lettere A, B, C, D, E, F (Cartografia delle proposte ZPS)

della Regione Calabria al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza della esecuzione dell’illegittimo provvedimento impugnato.

VISTO il ricorso con i relativi allegati

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente

VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese

RELATORE all’udienza pubblica dell’11 maggio 2007 il Dott. Giuseppe Chiné

UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Con il gravame in trattazione, la società ricorrente, avendo in precedenza stipulato contratti preliminari per l’acquisto di un vasto comprensorio ai margini del fiume Neto al fine di realizzare un importante complesso turistico - alberghiero, territorio individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), e pertanto assoggettato ai relativi vincoli, con la delibera di Giunta regionale n. 607 del 27.06.2005, allegando le ripercussioni economiche negative discendenti da quest’ultimo provvedimento, ha impugnato la predetta delibera, formulando una pluralità di censure.

In particolare, a sostegno del proposto gravame, ha denunciato i seguenti vizi: 1) Violazione della legge regionale quadro sulle aree protette n. 394/1991, nonché della legge regionale n. 10/2003, del d. lgv. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990 Eccesso di potere sotto più profili 2) Violazione della legge regionale n. 10/2003, del d. lgv. n. 267/2000, del D.M. 25.03.2005, del D.P.R. n. 357/1997, delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE Eccesso di potere sotto più profili.

Con il medesimo atto di gravame, ha spiegato domanda di risarcimento danni, instando affinché il Tribunale disponesse apposita consulenza tecnica per la quantificazione ovvero effettuasse la liquidazione in via equitativa.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, deducendo l’integrale infondatezza del proposto gravame.

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

1. La decisione del presente gravame non può prescindere da una breve ricostruzione del panorama normativo di riferimento.

2. In attuazione della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (c.d. uccelli), con l’art. 1, comma 5, del d. lgv. 11 febbraio 1992, n. 157 e con l’art. 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, si è stabilito che le regioni e le province autonome provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna “zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotipi distrutti e alla creazione dei biotipi”.

Tali zone di protezione speciale (ZPS) fanno parte della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997.

Ad esse, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997, si applicano le misure di conservazione di cui al precedente art. 4 nonché la “valutazione di incidenza” disciplinata dall’art. 5. Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’inclusione di un’area all’interno di una ZPS non ne implica la condizione di inedificabilità assoluta, bensì relativa, in quanto l’eventuale attività edificatoria è subordinata al giudizio positivo nell’ambito della procedura di “valutazione di incidenza” che, per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), è ricompresa all’interno di quest’ultima procedura, e ciò ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997 (cfr. T.A.R. Puglia, sez. I, 11 settembre 2001, n. 3456).

Ai sensi dell’art. 30, comma 9, della legge regionale Calabria 14 luglio 2003, n. 10, recante “Norme in materia di aree protette”, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico ed assurti a ZPS, “dando vita alla rete europea denominata >, vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della regione Calabria”.

3. Pronunciando sul ricorso della Commissione europea, proposto ai sensi dell’art. 226 del Trattato, la Corte di giustizia CE, con la sentenza 20 marzo 2003, causa C-378/01 (Commissione c. Repubblica Italiana), ha dichiarato che “la Repubblica Italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 4, nn. 1- 3, della predetta direttiva”.

La Corte di Lussemburgo ha, in particolare, evidenziato che, in virtù dell’Inventory of Important Bird Areas in the European Community pubblicato nel 1989 (di seguito, “Inventario IBA 89”), studio sulle aree importanti per l’avifauna nel territorio comunitario, indicato dalla Commissione quale documento cui riferire una corretta delimitazione di ZPS, nel territorio italiano vi sarebbero 164 aree importanti per l’avifauna, per una superficie di ha 3.609.070, ma soltanto una minima parte di tali aree sarebbe stata interessata da perimetrazione come ZPS. Di qui la conclusione, tenuto anche conto dell’incapacità della Repubblica Italiana di individuare uno strumento scientifico più aggiornato dell’Inventario IBA 89, e pur riconoscendosi la natura giuridicamente non vincolante di tale Inventario, dell’inadempimento dell’Italia agli obblighi discendenti dall’art. 4, nn. 1 -3, della direttiva 79/409/CEE.

Alla pronuncia della Corte di giustizia ha fatto seguito la lettera di messa in mora, datata 19 dicembre 2003, con la quale la Commissione europea ha comunicato alla Repubblica Italiana che quest’ultima, omettendo di eseguire la decisione della Corte di Lussemburgo, era venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 228, paragrafo 1, del Trattato. Di qui l’invito alla trasmissione di osservazioni in merito al contenuto della lettera di messa in mora.

Dopo aver raccolto le osservazioni della Repubblica Italiana, la Commissione, con il parere motivato del 14 dicembre 2004 emesso ai sensi dell’art. 228, paragrafo 2, del Trattato, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza del 20 marzo 2003 ed ha invitato il Governo italiano “a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, adottando, entro due mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 20 marzo 2003 nella causa C-378/01, Commissione contro Italia, riguardante l’insufficiente designazione di ZPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE”.

Con il medesimo parere, la Commissione ha individuato complessivamente 61 IBA (Important Bird Areas), elencate nell’allegato IV, in relazione alle quali la Repubblica Italiana avrebbe dovuto delimitare nuove ZPS o ampliare le ZPS preesistenti. Quanto ai criteri di individuazione delle ZPS, la Commissione ha precisato che, come già chiarito dalla Corte di giustizia, può essere usato l’Inventario IBA 89, sia nella versione originaria, sia in quella oggetto di revisione nell’anno 2002, fermo restando l’obbligo per l’Italia, ove un’area presente nella versione originaria dell’Inventario sia stata cancellata nella versione più aggiornata, di prendere in considerazione l’area o le aree che hanno sostituito quelle cancellate (parere motivato, n. 31).

4. In seguito al parere motivato della Commissione europea, tenuto anche conto che nel medesimo parere la delimitazione di nuove ZPS sul territorio calabrese è stata individuata come una priorità (n. 17), il Ministero dell’Ambiente ha sollecitato, a più riprese, la Regione Calabria a provvedere in conformità alle indicazioni delle istituzioni comunitarie (note prot. 1838 del 24.02.2005 e prot. 7163 del 26.08.2005).

Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, sulla base dell’Inventario IBA 89 e della relativa versione aggiornata nel 2002, ha quindi redatto una proposta di revisione delle ZPS sul territorio regionale, avente il duplice obiettivo di estendere la superficie delle ZPS già esistenti e di perimetrare nuove aree da sottoporre a tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Tale proposta ha tenuto conto anche del Rapporto sullo stato di attuazione della direttiva “uccelli” in Italia predisposto nel marzo 2004 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Protezione della Natura.

La proposta del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria è stata approvata con la delibera di Giunta regionale n. 607 del 27.06.2005, oggetto del presente gravame, con la quale sono state estese le superfici delle ZPS già esistenti sul territorio calabrese e sono state individuate le seguenti tre nuove ZPS: 1) “Costa Viola” (che include i territori compresi tra la Costa Viola ed il monte S. Elia) 2) “Marchesato e Fiume Neto” (che comprende le aree dell’Alto Marchesato e le foci dei fiumi Neto e Tacina) 3) “Alto Ionio Casentino” (che contiene aste di torrenti che dal Pollino sfociano sul mar Ionio).

Con la medesima delibera di Giunta regionale è stato dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente di attuare le misure di conservazione prescritte dal D.P.R. n. 357/1997.

5. Dopo la proposizione del presente gravame, con l’art. 19 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono stati aggiunti i seguenti commi all’art. 30 della legge regionale n. 10/2003: “9-bis – L’individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare” “9-ter – Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere”.

Con la trascritta previsione legislativa, oltre ad essere stata espressamente riconosciuta la competenza della Giunta regionale per la delimitazione delle ZPS, si è previsto un parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione “Tutela dell’Ambiente” del Consiglio regionale. Tale parere, in virtù del comma 9-ter, deve essere necessariamente acquisito anche in relazione agli atti “già esecutivi” adottati nelle more dalla Giunta regionale, che, a tal fine, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere.

In esecuzione della predetta disposizione legislativa, la deliberazione della Giunta regionale n. 607/2005 è stata trasmessa alla IV Commissione consiliare “Tutela dell’Ambiente” che, nella seduta del 20.11.2006, ha espresso il proprio parere negativo, invitando la Giunta regionale “ad avviare con estrema urgenza il procedimento di riformulazione del Piano delle ZPS”. Nella motivazione del parere, si evidenziano, tra l’altro, “carenze su dati, fonti e studi tecnico-scientifici sul campo utilizzati per la perimetrazione delle ZPS”.

6. Tanto rilevato, osserva il Collegio che la sopravvenienza legislativa costituita dal comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003 ha inciso significativamente sulla delibera di Giunta regionale oggetto del presente gravame, in quanto – imponendo espressamente l’acquisizione del parere vincolante della competente Commissione consiliare – ne ha fatto dipendere l’efficacia dal tenore di quest’ultimo parere. In altri termini, la scelta legislativa di sottoporre anche gli atti di perimetrazione di ZPS già “esecutivi” alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2006, al parere vincolante della Commissione consiliare “Tutela dell’Ambiente”, ha riaperto il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera oggetto di gravame, imponendo che il contenuto di quest’ultima risulti conforme al medesimo parere.

Ed invero, sebbene in virtù dell’art. 9, lett. b) del D.L. 16 agosto 2006, n. 251 “Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni”, appare evidente che la delibera della Giunta regionale costituisce l’atto con cui si manifesta definitivamente la volontà della Regione, il quale, pertanto, chiude l’iter procedimentale di competenza dell’Ente regionale.

Poiché, nel caso di specie, in esecuzione della citata disposizione legislativa, la Commissione “Tutela dell’Ambiente” del Consiglio regionale, nella seduta del 20.11.2006, ha espresso parere negativo in ordine al contenuto del piano di revisione del sistema regionale delle ZPS approvato con la delibera n. 607/2005, non può che ritenersi, in attuazione della chiara previsione legislativa, che detta delibera, non essendo conforme al parere vincolante della competente Commissione consiliare, non possa attualmente produrre alcun effetto. Ed invero, in virtù della già evidenziata riapertura del procedimento amministrativo, i competenti uffici regionali dovranno predisporre un nuovo piano di revisione delle ZPS sul territorio regionale, sul quale dovrà essere in seguito acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare. In conformità a detto parere potrà successivamente deliberare la Giunta regionale, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003.

7. Le conclusioni che precedono, ad avviso del Collegio, non possono far dubitare della compatibilità con il diritto comunitario del comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003.

Sebbene sia ormai acquisito il principio secondo cui le sentenze della Corte di giustizia CE, che applichino o interpretino una norma comunitaria, abbiano indubbiamente carattere di “sentenze dichiarative del diritto comunitario”, e come tali debbano essere applicate, con precedenza su eventuali norme di diritto interno confliggenti (cfr. C. Cost. 11 luglio 1989, n. 389), secondo il noto modello di risoluzione delle antinomie fondato sulla disapplicazione della fonte interna contrastante con quella sovranazionale (cfr. C. Cost. 8 giugno 1984, n. 170), il contenuto della disposizione legislativa regionale non sembra porsi in contrasto con la sentenza del 20 marzo 2003 (Commissione c. Repubblica Italiana), né, su di un piano più generale, con la direttiva 79/409/CEE.

A tale proposito occorre evidenziare che in base all’art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri classificano come ZPS “i territori più idonei in numero e in superficie” alla conservazione delle specie di uccelli sottoposte a protezione e, per le specie migratrici, tengono conto “delle esigenze di protezione della zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di produzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione”, e che per la Corte di giustizia CE “sono i criteri ornitologici contenuti nei nn. 1 e 2 dell’art. 4 a dover guidare gli Stati membri nella scelta e nella delimitazione delle ZPS” (C. giust. CE 13 luglio 2006, n. 191).

In linea con detti principi, nella sentenza del 20 marzo 2003, la Corte ha precisato che lo stesso Inventario IBA 89 non assume valore vincolante per gli Stati membri, sebbene, in assenza di altri studi scientifici più aggiornati, può essere posto a fondamento della verifica di ottemperanza di uno Stato agli obblighi imposti dalla direttiva 79/409/CEE.

Ne discende che la delimitazione di ZPS deve rispondere alle esigenze di protezione delle specie di uccelli ritenute dall’art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva, di talché esigenze di approfondimento istruttorio in ordine alle caratteristiche degli habitat naturali delle specie animali protette e dei territori oggetto della proposta di delimitazione non sembrano porsi in contrasto con la direttiva, ed anzi sembrano rispondere alle effettive rationes di protezione sottese alla fonte normativa comunitaria.

Di qui la conclusione che, pur nel panorama normativo segnato dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2003 e dal parere motivato della Commissione del 14 dicembre 2004, non si ponga in contrasto con il diritto comunitario una norma di legge regionale che – come il comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003 – imponga un approfondimento istruttorio dopo l’adozione della delibera di delimitazione delle ZPS sul territorio regionale, rendendo necessaria l’acquisizione di un parere vincolante da parte di un organo collegiale del Consiglio regionale.

8. I superiori argomenti hanno precise ricadute sulla persistenza in capo alla società ricorrente dell’interesse alla decisione del presente gravame.

Ed invero, in virtù del comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003 e del parere negativo espresso dalla Commissione “Tutela dell’Ambiente” nella seduta del 20.11.2006, il piano di revisione del sistema regionale delle ZPS approvato con la delibera n. 607/2005 deve essere necessariamente rielaborato. Nelle more, per le considerazioni che precedono, nessun effetto pregiudizievole può detta delibera produrre nei riguardi della parte ricorrente.

Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. La domanda di risarcimento danni deve essere, invece, respinta, sia per gli effetti spiegati dalla sopravvenienza legislativa sulla delibera oggetto di gravame, sia – per quanto concerne il periodo antecedente alla legge regionale n. 7/2006 – per l’assoluta carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e tra questi dello stesso danno di cui si chiede il ristoro per equivalente monetario.

10 Per la novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio dell’11 maggio e dell’8 giugno 2007.


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